Por: Jorge Gómez Barata
Dos cubanos, uno de los cuales reside en Estados Unidos y otro en Cuba, quisieron reunir sus discretos capitales para fundar en la isla una pequeña o mediana empresa. No pueden hacerlo: a uno se lo impide el bloqueo norteamericano, al otro la Ley de Inversiones recientemente aprobada.
Para solucionar el asunto, el que vive en los Estados Unidos decidió regresar a Cuba, recuperar su status y convertirse en lo que es el otro: un cubano residente en la Isla con todos sus derechos y deberes para entonces fundar la pequeña empresa. Tampoco pueden hacerlo, porque en Cuba todavía no se promueven las pequeñas ni medianas empresas privadas.
Es cierto que en Cuba hay negocios que en los hechos son pequeñas o medianas empresas, por ejemplo restaurantes con veinte empleados donde cada uno de ellos debe obtener una licencia de trabajador por “cuenta propia”, lo cual no refleja la verdad. En verdad se trata de un empresario y 19 trabajadores por cuenta ajena.
Debido a que esos negocios todavía no son reconocidos como entidades empresariales, no existen en ellos secciones sindicales ni otras organizaciones, no hay una legislación que establezca el salario mínimo, y los que allí trabajan, no están protegidos contra el despido o el acoso, aunque disponen de la seguridad social y otras prestaciones que les asegura el Estado.
La Ley de Inversiones pudo haber resuelto estos y otros entuertos, propiciar una legislación integral y coherente para las pequeñas y medianas empresas, promover su fomento y crear condiciones para ejercer alguna presión respecto a la eliminación del bloqueo norteamericano, y mientras ello no ocurra, luchar por romperlo.